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127 falsos positivos y exterminio a UP: los casos por los que EE.UU. sancionó a tres exmilitares

Estados Unidos les prohibió el ingreso a su territorio a exmilitares por evadir y no cooperar con la JEP. El hecho no tiene precedentes.


De izquierda a derecha: Coronel (r) Publio Hernán Mejía, Coronel (r) Juan Carlos Figueroa y General (r) Iván Ramírez Quintero. FOTOS: CORTESÍA hace 3 horasshare Tres oficiales en retiro acusados de ser los máximos responsables de 127 falsos positivos –y de crímenes contra los miembros de la Unión Patriótica– pasarán a la historia como los primeros exmilitares sancionados por Estados Unidos para prohibirles el ingreso a ese país por resistirse a cooperar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La decisión fue tomada y notificada directamente por el secretario de Estado, Antony Blinken, y fue enviada como un mensaje político claro: un apoyo irrestricto de ese país al Acuerdo de Paz firmado entre la extinta guerrilla de las Farc y el Estado y a la justicia transicional encabezada por la JEP. Pese a que estos tres exmiembros de la Fuerza Pública son los primeros en la lista, la embajadora itinerante de Estados Unidos para la Justicia Global Penal, Beth Van Schaack, reveló que el Departamento de Estado, también avanza en otras “designaciones” que pueden ser públicas o privadas. “De acuerdo con la ley, puede haber designaciones de miembros o exmiembros del Ejército, de otras fuerzas armadas y hasta de civiles”, dijo Van Shaaack tras ser consultada sobre si medidas similares serían aplicadas a exalcaldes, exgobernadores u otros exfuncionarios públicos implicados en violaciones a derechos humanos durante el conflicto. La decisión, entonces, implica algunas sanciones administrativas de EE.UU. y la imposibilidad de los tres militares en retiro y de algunos de sus familiares para pisar suelo estadounidense. Con estas “designaciones”, como son llamadas formalmente en ese país, los sancionados quedan “inelegibles para ingresar a los Estados Unidos”, como sentenció Blinken. Pero, ¿quiénes son esos tres exmiembros del Ejército que recibieron el portazo de EE.UU. por negarse a cooperar con la JEP? Los prontuarios de los negados Los sancionados tienen dos cosas en común: que en su momento, entre 2002 y 2005, ocuparon altos cargos de poder en el Ejército y que, tras su cuestionado actuar dentro de esa institución, fueron imputados por crímenes de lesa humanidad. El más conocido de ellos es Publio Hernán Mejía, un coronel retirado que fue declarado “máximo responsable por su participación determinante” en el asesinato de 75 personas en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, que operaba en Cesar y La Guajira. La mayoría de esos casos fueron declarados como ejecuciones extrajudiciales que se ejecutaban por soldados razos bajo la orden de sus superiores. De ese mismo batallón también hacía parte el coronel (r) Juan Carlos Figueroa, un comandante señalado de participar en el asesinato de 52 personas inocentes que, posteriormente, eran presentados como guerrilleros dados de baja en combate. El tercero de los sancionados es el de mayor rango. Se trata del general (r) Iván Ramírez Quintero, quien comparece en la JEP en el caso del exterminio a los miembros de la Unión Patriótica. Todos ellos, según describió la JEP en el auto TP-SA 550 de 2020 y otras decisiones, “se han negado a reconocer la verdad y aceptar sus responsabilidades pese a las numerosas pruebas que hay en su contra”. Hasta ahora, los coroneles Mejía y Figueroa se declararon inocentes y fueron uno de los pocos máximos responsables que pasaron a la etapa adversarial dentro de la JEP. Mientras eso ocurre, ninguno de los tres “y por lo menos 5 de sus familiares” podrán ingresar a EE.UU. o participar de sus programas para migrantes. Lo cierto es que, según aseguró Van Shaaack, la desición fue tomada por Blinken de manera autónoma: “confiamos en la información producida por la JEP, pero al final se toma la decisión con base en el criterio del secretario”, dijo. “Con estos señalamientos públicos estamos enviando un mensaje a las personas de todos los bandos del conflicto: obstaculizar la justicia para las víctimas y los sobrevivientes tiene consecuencias internacionales y nacionales”, concluyó la funcionaria.

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