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Alcaldía de Medellín puso demanda para tumbar licencia de Pricesmart en El Poblado

Se trata de una demanda de nulidad que ya fue admitida por un juzgado administrativo.

La construcción del proyecto de 32 millones de dólares es foco de polémicas en El Poblado.


Aspecto de obras actuales de Pricemart. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

El tire y afloje por la construcción de la nueva sede de Pricesmart en El Poblado, cuestionada desde diciembre pasado por tener presuntas irregularidades en sus licencias y diseños, ahora se librará ante los jueces.

En una movida que la Alcaldía maneja por ahora con cautela, la Secretaría General del Distrito instauró ante un juez administrativo una demanda que podría tumbar la validez de una de las licencias de ese proyecto.

Según pudo conocer este diario tras consultar los sistemas de la rama judicial, el recurso consiste en una demanda de nulidad que ya fue admitida por el Juzgado 29 Administrativo de Medellín y en el que aparece como demandada la curadora segunda de Medellín, Rita Inés Giraldo Ramírez.

Según puede leerse en un auto publicado por ese juzgado, la acción fue admitida el pasado 11 de mayo y está en proceso de notificación a las partes. En el proceso también aparecen vinculados la Sociedad Inversiones Inmobiliarias San Michel y la Sociedad Pricesmart Colombia S.A.S., esta última propietaria de ese proyecto urbano y que ha defendido la integridad del mismo.

Aunque los detalles de la demanda se mantienen ahora bajo reserva, el nuevo recurso de la Alcaldía aparece en medio de un panorama cada vez más complicado para la obra, que desde diciembre del año pasado ya enfrenta cuestionamientos de varias dependencias del gobierno local.

Tal como lo contó este diario a comienzos de febrero pasado, luego de que aparecieran críticas por parte de vecinos aledaños al proyecto, la primera dependencia en ponerle la lupa a la obra fue la Subsecretaría de Control Urbanístico, que envió en diciembre de 2022 unas cartas a la Inspección de Policía de El Poblado y al Departamento Administrativo de Planeación solicitando que se suspendiera la obra y que se revocaran las licencias.

En aquel momento, los principales argumentos de esa subsecretaría consistieron en que las licencias que dieron vida al proyecto no estarían amparadas en la ley y que la construcción que alojaría esa nueva tienda por departamentos tendría presuntas deficiencias en sus diseños, sobre todo en su componente vial.

Por el lado legal, esa entidad aseguró que los permisos del supermercado, categorizado como un “almacén por departamentos”, habrían tomado como base la norma para los suelos con uso comercial, pese a estar ubicado en una área en la que predomina el uso residencial.

De acuerdo con el concepto de Control Urbanístico, a raíz de estar ubicado en una zona de este tipo, el proyecto tendría que haber consultado al Departamento Administrativo de Planeación para que fuera revisado como un caso especial.

“El proyecto comercial Pricesmart Poblado no tiene una correcta aprobación del diseño urbanístico, por lo tanto, lo que hoy se está construyendo no está totalmente amparado en autorizaciones o aprobación por las autoridades competentes”, sostuvo esa subsecretaría en sus oficios.

Por el lado de los diseños, esa misma entidad aseguró que el curador que entregó la licencia presuntamente habría pasado por alto controles que debían realizarse, ya que el componente vial del supermercado arrastraba reparos del Departamento Administrativo de Planeación, que solicitó la construcción de un carril independiente para el uso de los futuros clientes de la tienda, buscando evitar congestionar más la Transversal Inferior (una de las vías principales que pasa cerca al proyecto comercial).

En medio de esa discusión, Santiago Díaz Arbeláez, representante jurídico de Pricesmart Colombia, defendió la rectitud de los permisos del proyecto y en entrevista con este diario el 13 de marzo sostuvo que la empresa tenía todos los papeles en regla.

Según explicó Díaz, aunque la construcción del supermercado comenzó en febrero de 2022, cuando se adquirió el predio, este ya estaba cobijado por una licencia que se había tramitado cuando estaba vigente el antiguo Plan de Ordenamiento Territorial.

“Las normas que rigen este tema vienen desde 1990 y la licencia que ellos tenían era de 2005. Este POT actual no permitiría el proyecto, pero esas normas no nos rigen. Lo importante aquí es que es un desarrollo con todo en orden. Hemos hecho las renovaciones respectivas”, dijo Díaz.

“Pricesmart está totalmente tranquilo porque contamos con una licencia debidamente expedida, que goza con una presunción de legalidad y que ha sido revisada por diferentes autoridades y no se ha encontrado nada en contra”, añadió.

Según pudo conocer este diario, los detalles de la demanda de la Alcaldía y los tiempos que regirán el proceso se conocerán luego de que las partes involucradas en la demanda sean notificadas

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