El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Foto cortesia
La Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encuentra envuelta en un escándalo de corrupción que salpica directamente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su entorno más próximo. Las acusaciones, surgidas tras la revelación de sobrecostos en la compra de carrotanques para La Guajira, señalan un presunto esquema de ofrecimiento de contratos a congresistas a cambio de apoyo legislativo favorable al gobierno.
Antecedentes y Acusaciones
Olmedo López, exdirector de la UNGRD hasta febrero, ha colaborado con la justicia revelando que recibió órdenes directas de Ricardo Bonilla para ofrecer contratos a congresistas. Según López, estos contratos estaban condicionados a que los legisladores respaldaran iniciativas legislativas prioritarias para el gobierno, evidenciando una supuesta relación entre contratación pública y favores políticos.
Sneyder Pinilla, quien ocupaba el cargo de subdirector hasta los mismos acontecimientos de febrero, ha presentado conversaciones que comprometen al ministro Bonilla y a su asesora María Alejandra Benavides. Estos mensajes detallan la gestión de contratos por un valor total de 92.000 millones de pesos para municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca), y El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar), obtenidos a través de declaraciones de calamidades supuestamente inexistentes.
Consecuencias y Resolución Oficial
El Ministerio de Hacienda, el 11 de diciembre de 2023, autorizó una transferencia de 700.000 millones de pesos a la UNGRD para la gestión de desastres naturales, medida que ahora se ve empañada por las acusaciones de malversación de fondos públicos.
El escándalo ha forzado la imputación de Olmedo López y Sneyder Pinilla por parte de la Fiscalía, programada para el próximo 25 de julio. Este proceso judicial buscará esclarecer la participación de ambos en el presunto entramado de corrupción que ha generado revuelo nacional.
Implicaciones Políticas
Varios congresistas, incluyendo a Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, han sido vinculados al escándalo por presuntamente beneficiarse de los contratos irregulares gestionados desde la UNGRD. Estos legisladores pertenecen a comisiones económicas del Congreso, lo que refuerza las denuncias sobre la interacción cercana entre el ministro de Hacienda y el poder legislativo en temas contractuales.
El caso ha puesto en entredicho la transparencia y la ética en la gestión pública, especialmente en un contexto donde los recursos destinados a mitigar desastres naturales han sido presuntamente desviados hacia intereses políticos. La próxima imputación de los implicados promete revelar más detalles sobre este complejo entramado de corrupción que sigue oscureciendo la gestión de la UNGRD y su conexión con el más alto nivel del gobierno.
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