Este lunes fue aprobada en su cuarto debate la ley anticorrupción, pero uno de sus artículos, el 68, se convirtió en un enigmático mico que podría atacar de frente la libertad de prensa en Colombia.
“El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”, reza el polémico artículo.
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