La Corte Constitucional de Colombia ha emitido un veredicto unánime de 9 votos a favor, determinando que la investigación sobre la masacre en Alto Remanso, Putumayo, continuará bajo la jurisdicción de la justicia ordinaria. Este fallo desestima la solicitud de traslado a la justicia penal militar, argumentando que los hechos investigados implican una aparente violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH).
La decisión de la Corte mantiene el proceso bajo el escrutinio del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto LeguÃzamo, donde están implicados 25 miembros del Ejército, incluyendo un coronel y un capitán. La controversia surgió tras un operativo militar dirigido presuntamente contra un cabecilla de las disidencias de las Farc, conocido como "Bruno", que resultó en la muerte de once civiles durante un evento comunitario en la vereda Alto Remanso.
El fallo se basa en la premisa de que los delitos investigados podrÃan no estar directamente relacionados con las actividades del servicio militar, sino más bien con posibles graves violaciones a los derechos humanos. La Corte citó elementos de prueba que sugieren la posible configuración de delitos contrarios al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Además, la organización Human Rights Watch ha presentado un informe que sugiere que los homicidios podrÃan constituir crÃmenes contra personas protegidas según el DIH, refutando la afirmación del Ministro de Defensa, Diego Molano, sobre la legitimidad de la operación.
La ProcuradurÃa General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria, incluyendo a un general involucrado en el incidente. Este fallo reafirma la posición judicial de Colombia en el tratamiento de casos que involucran a las fuerzas armadas y alegaciones de violaciones de derechos humanos, subrayando la responsabilidad de seguir los estándares internacionales en el juzgamiento de estas graves acusaciones.