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Corte Suprema Concede Libertad Condicional a Exgobernador Luis Alfredo Ramos por Buen Comportamiento

Luis Alfredo Ramos

La Corte Suprema de Justicia ha concedido la libertad condicional al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quien estaba cumpliendo una condena de 7 años y 11 meses por concierto para delinquir. Esta decisión del alto tribunal se basa en el buen comportamiento que Ramos ha mantenido durante su tiempo tras las rejas.

Ramos fue sentenciado tras comprobarse sus vínculos con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, utilizados para promover sus intereses políticos, tanto en su aspiración al Senado de la República como en la Gobernación de Antioquia. La Corte lo acusó de utilizar los apoyos de estos grupos armados para su beneficio personal, lo que llevó a su condena por concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales o 'parapolítica'.

La libertad condicional concedida implica el pago de una caución prendaria y la suscripción de un acta de compromiso, así como un período de prueba equivalente al tiempo restante de su condena. Estos requisitos deben ser cumplidos ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, antes de que se emita la boleta de libertad al Inpec y al Complejo Penitenciario y Carcelario de Bello, donde Ramos se encuentra recluido actualmente. Además, la Corte ha solicitado revisar la ausencia de otros pedidos de detención por parte de otras autoridades.

Es importante recordar que en diciembre pasado, la Corte le había negado la libertad condicional a Ramos por no cumplir con los requisitos establecidos por ley, incluyendo el descuento de al menos las tres quintas partes de la pena, la reparación a la víctima, el arraigo familiar y social, y la buena conducta durante el tiempo en prisión. Sin embargo, para el 24 de enero de 2024, Ramos había cumplido con este requisito, superando las tres quintas partes de su condena de 95 meses.

La decisión de conceder la libertad condicional a Luis Alfredo Ramos ha generado controversia y debate en la opinión pública, especialmente en lo que respecta a la aplicación de la justicia y los criterios para otorgar este tipo de beneficios a personas condenadas por delitos graves.

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