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El tribunal eliminó los recargos en las facturas de electricidad de La Guajira


El gobierno tendrá seis meses para devolver el dinero recaudado mediante este proyecto de ley.

El Tribunal Constitucional invalidó el artículo 3 del Decreto Ejecutivo núm. 1276 (31 de julio de 2023), que impone un recargo de $1.000 en las facturas de electricidad de los pisos 4, 5 y 6 a nivel nacional, disposición que tendrá una vigencia de 6 meses. Y según el gobierno, tenía la tarea de cubrir las necesidades de agua y electricidad de La Guajira.

El complemento también autorizó un aporte de $5,000 para los sectores comercial e industrial. Sin embargo, el tribunal sostuvo que "este impuesto no tiene nada que ver con el abastecimiento de agua y saneamiento, y su presencia en el ordenamiento jurídico, aunque sea temporal, viola gravemente los principios de la democracia y el principio de legalidad de los impuestos".

En consecuencia, la Corte Suprema decidió que los contribuyentes que hayan pagado multas desde la fecha de esta decisión deberán devolver el impuesto durante seis meses, es decir, hasta mayo del próximo año. Los fondos recaudados a partir de esta secuencia de ideas deberán devolverse mediante compensación a la cuenta del servicio eléctrico.

La decisión ya tomada en el tribunal, el presidente Gustavo Petro preguntó a través de su X-Report: "¿Adónde irá la justicia?". escribió. Cuestionando la definición, los expertos jurídicos han advertido desde la promulgación del Decreto 1085 (conocido como Ordenanza de Emergencia Económica) que tales medidas sólo pueden implementarse en caso de un evento repentino e inesperado que afecte la recuperación económica.

Una revisión jurídica dirigida al gobierno después de que se informara de la insuficiencia del Decreto 1085 (2 de octubre) “no explicó por qué no se utilizó el derecho de iniciativa legislativa, especialmente con el mensaje urgente de enviar al parlamento. Las medidas anunciadas por el Decreto Legislativo núm. 1085 se convierten en ley.

En esencia, el tribunal sugirió que el gobierno cuente con otros mecanismos que puedan alertarlo sobre la situación en La Guajira. También incluye la capacidad de remitir casos al Parlamento mediante notificación urgente para acelerar el proceso. En este sentido, el pleno solicitó al Gobierno y al Congreso "que en ejercicio de sus habituales facultades constitucionales y legales, tal como lo confirma la decisión, tomen las medidas necesarias para superar la compleja crisis estructural y humanitaria que vive el estado de La Guajira". . El T-302 de 2017 garantiza la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en la zona."

Foto tomada de Internet

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