Expresidente Alvaro Uribe. Foto cortesia
El exmandatario colombiano Álvaro Uribe será sometido a juicio penal por presunta manipulación de testigos en una investigación relacionada con su vínculo con grupos paramilitares. La Fiscalía General de la Nación anunció en un comunicado que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ha presentado una acusación formal contra Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Aunque no se ha especificado la fecha exacta de inicio del juicio, Uribe, de 71 años, se enfrenta a una posible pena de hasta ocho años de prisión.
El proceso judicial se remonta a 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, a quien acusó de conspirar con testigos falsos para implicarlo con grupos paramilitares. Sin embargo, la investigación tomó un giro inesperado cuando la Corte Suprema decidió investigar a Uribe en 2018, sospechando que fue él, y no Cepeda, quien intentó manipular testigos.
Uribe ha mantenido firmemente su inocencia, argumentando que solo buscaba defenderse de testimonios fabricados en su contra. Su defensa ha sido respaldada por miembros de su partido, el Centro Democrático, como la senadora Paloma Valencia.
Este caso judicial no es el único que enfrenta Uribe. En noviembre del año pasado, testificó ante la fiscalía en relación con su supuesto conocimiento anticipado de una masacre y el asesinato de un defensor de derechos humanos. Además, ha sido denunciado ante un tribunal argentino por presunta responsabilidad en más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas durante su mandato, un caso conocido como "falsos positivos".
Las reacciones ante el anuncio de la Fiscalía han sido diversas. Mientras algunos, como el senador Iván Cepeda, han expresado serenidad y satisfacción, destacando la importancia de respetar el debido proceso y el derecho a la defensa de Uribe, otros, como el representante Hernán Cadavid, han denunciado un escenario de actuación política en el proceso judicial.
La llamada a juicio penal de un expresidente es un acontecimiento sin precedentes en Colombia, lo que ha generado un gran interés tanto a nivel judicial como político. En palabras de la senadora María José Pizarro, "nadie, por más poderoso que sea, está por encima de la ley". La exigencia de esclarecer la verdad y garantizar la justicia para las víctimas ha resonado fuertemente en el debate público colombiano.