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Incertidumbre presupuestal tras la inexequibilidad del Ministerio de Igualdad y Equidad

El 29 de junio de 2023 marcó un hito en la política colombiana con la sanción de la Ley 2281, que dio vida al Ministerio de Igualdad y Equidad, liderado por la vicepresidente Francia Márquez. Con su creación, se asignaron importantes responsabilidades a esta cartera, incluyendo la gestión del Instituto de Bienestar Familiar y los Institutos para Sordos y Ciegos, así como cinco viceministerios enfocados en diversas áreas.

Inicialmente, el Ministerio de Igualdad recibió una asignación presupuestal generosa para el año 2023, superando a otras carteras importantes. Sin embargo, para este año, su presupuesto se vio incrementado significativamente, superando incluso a ministerios clave como Comercio, Industria y Turismo, Relaciones Exteriores y Transporte, entre otros.

A pesar de este respaldo inicial, el panorama cambió drásticamente con el reciente fallo de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023, argumentando vicios de trámite en el Congreso. Esta decisión deja al Ministerio de Igualdad en una posición precaria, con su existencia en el aire hasta después de la legislatura 2025-2026.

Para el 2024, le fueron asignados al Ministerio de Igualdad $1,3 billones, un rubro superior a los ministerios de Comercio, Industria y Turismo ($949.541 millones); Relaciones Exteriores ($703.000 millones); Transporte ($523.713 millones); Ciencia, Tecnología e Innovación ($397.875 millones); Justicia y del Derecho ($211.486 millones); y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ($120.000 millones).

La Contraloría General de la República también ha puesto de manifiesto la baja ejecución del presupuesto del Ministerio de Igualdad, siendo el rubro de inversión uno de los más afectados, con una ejecución del 0,0% en el primer trimestre de 2024, la más baja del gabinete.

Si bien la Procuraduría General de la Nación había respaldado la constitucionalidad del Ministerio, asegurando que no afectaba la sostenibilidad fiscal, la decisión de la Corte pone en duda este criterio y resalta la importancia de evaluar adecuadamente el impacto fiscal de las nuevas iniciativas gubernamentales.

La incertidumbre sobre el futuro del Ministerio de Igualdad y Equidad genera preocupaciones sobre el destino de los programas y proyectos destinados a promover la igualdad y la equidad en el país, así como sobre el destino de los recursos asignados a esta cartera. Sin duda, este episodio subraya la necesidad de una gestión responsable y transparente de los recursos públicos y de un proceso legislativo riguroso y bien fundamentado.

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