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Internas del Estado Táchira afrontan hacinamiento del 300%

De acuerdo al Observatorio Venezolano de Prisiones, cada dos días muere un interno en las cárceles por falta de atención médica.


Denuncian hacinamiento dentro del anexo femenino del CPO /

Tras la muerte de una interna del Anexo Femenino María del Carmen Ramírez del Centro Penitenciario de Occidente (CPO), situado en el municipio Córdoba, estado Táchira, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que en este recinto carcelario hay un hacinamiento de más de 300 por ciento.

Carolina Girón, coordinadora del OVP, comunicó que el anexo femenino del CPO fue hecho para albergar a 100 personas y en la actualidad allí hay recluidas 331 mujeres, esto como consecuencia de que Venezuela solo existe una sola cárcel para mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), ubicado en Los Teques, estado Miranda. Mientras que en el resto de Venezuela hay 16 anexos femeninos, que son infraestructuras que adecuaron en cárceles masculinas, pero que en su gran mayoría no cuentan con las condiciones para que una reclusa cumpla su condena.

Con relación a la muerte de Michael Brigitte Jiménez Soto, de 31 años de edad, quien se encontraba privada de libertad desde el 12 de julio de 2019 y falleció este miércoles 19 de abril en el Hospital Central de San Cristóbal, luego de que no recibiera atención a tiempo y de haber tenido un diagnóstico errado, según la denuncia de varios allegados a la interna, Girón reveló que este tipo de hechos en las prisiones venezolanas ocurren al menos cada dos días.

“Lamentablemente en Venezuela las mujeres no reciben atención médica regular, no hay personal sanitario ni tampoco hay medicinas, ante esta carencia dentro de la institución, las deben trasladar a centros asistenciales más cercanos a la cárcel para recibir atención”, refirió la defensora de los derechos humanos.

Destacó que hasta que las privadas de libertad no están en condiciones extremas de salud, no son llevadas a un centro de salud especializado, también puede ocurrir que en los recintos carcelarios no tengan transporte para el traslado o que no haya gasolina.

De acuerdo con el relato de allegados a Michael, ella comenzó con malestar general y en su momento no tomaron las medidas necesarias para atenderla dentro del recinto carcelario. Fue hasta el día 12 de abril cuando decidieron hospitalizarla dentro de la prisión.

El diagnóstico que dio la doctora de la institución penitenciaria fue que tenía hepatitis y dengue; pero hasta el lunes 17 de abril, ya cuando Michael se encontraba casi muerta, fue que procedieron a sacarla para el hospital de emergencia, informaron allegados. En el Hospital Central diagnosticaron que la paciente llegó con estrangulación de vesícula, por lo que fue llevada a quirófano totalmente débil con plaquetas y hemoglobina bajas.

“Allí la operaron sin ninguna posibilidad de que sobreviviera, por lo mismo saliendo de la operación fue referida a la UCI dónde el médico solo dio un 1% de posibilidad de vida. Finalmente, el diagnóstico del médico se cumple, fallece en horas de la mañana nuestra compañera, los médicos del hospital dicen que fue culpabilidad del centro penitenciario que no la sacaron a tiempo”, narraron los cercanos.

Además, la denuncia de los seres queridos indica que la reclusa se encontraba con la situación jurídica de procesada, con gran retardo procesal, se encontraba en fase de juicio y muy poco la sacaron para sus audiencias, tenía aproximadamente 2 años sin ser atendida.

En Venezuela las mujeres no reciben atención médica regular, no hay personal sanitaria ni tampoco hay medicinas”. Carolina Girón



Retardo procesal

El llamado retardo procesal, o como el OVP lo ha denominado “retardo criminal”, deja más vulnerables a las mujeres en los anexos, ya que en el caso de esta joven, muere sin saber si era culpable de los hechos que le estaban imputando.

De allí que Carolina Girón expuso la necesidad de que se resuelva el retardo procesal y que el personal a cargo de los procesos judiciales tengan un buen sueldo, a fin de lograr mejorías para el sistema penitenciario venezolano.

“Esto no solo es violación de derechos humanos al acceso a la salud, sino la vulneración a la protección, a la vida e integridad personal”, dijo Girón.

El hecho de que en el caso de Michael Briggitte fuese de Caracas y estuviese detenida en Táchira significó otro problema, porque al no tener a familiares cerca, posiblemente sufrió el doble porque no tenía allegados que le llevara alimentación y ropa, toda vez que la alimentación que reciben las internas es muy poca.

En Venezuela se encuentran 33.558 personas privadas de libertad, de los cuales 2.560 son mujeres, lo que equivale a un 7% de la población penitenciaria. Además de la totalidad de mujeres en prisión, 82 son extranjeras.

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