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Intervención de COMFANORTE: Resultó peor el remedio que la enfermedad

La reciente intervención de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte) por parte de la Superintendencia de Subsidio Familiar parecía ser la solución a los escándalos de corrupción y presuntas irregularidades que la envolvían. Sin embargo, lo que se esperaba como una cura para los males resultó ser un agravante de la situación.

Desde hace tiempo, las Cajas de Compensación Familiar en Norte de Santander han estado sujetas a influencias políticas y cuotas, lo que ha alimentado un caldo de cultivo para la corrupción. Los proyectos inconclusos y las sospechas de malversación de fondos fueron el telón de fondo que precipitó la intervención de Comfanorte.

Sin embargo, la llegada del nuevo director interventor, Germán Antonio Bautista Carvajal, ha traído más incertidumbre que certezas. Su presunta designación con la intención de liquidar la Caja genera preocupaciones legítimas entre los afectados y la comunidad en general.

El caso emblemático de la vivienda Torres del Norte, un proyecto que ha pasado años sin ser concluido y cuyo costo se ha disparado de manera exorbitante, es solo la punta del iceberg. El aumento desmedido de los costos, de 2.600 millones a 9 mil millones, plantea serias dudas sobre la gestión y la transparencia de Comfanorte bajo la intervención del nuevo director.

Pero el panorama se vuelve aún más sombrío cuando observamos la masacre laboral perpetrada por el nuevo director. El despido de un grupo de trabajadores, bajo el pretexto de la creación de un sindicato, ha dejado a nueve familias en la incertidumbre y la precariedad económica. La negativa de la administración a reconocer la legitimidad de la organización sindical y la falta de justificación para los despidos solo añaden combustible al fuego de la controversia.

Es fundamental que el Ministerio de Trabajo inicie investigaciones exhaustivas sobre estos despidos, garantizando el respeto a los derechos laborales consagrados en la Constitución y en las normas internacionales. Los trabajadores afectados merecen una respuesta justa y la restitución de sus derechos laborales.

La intervención de Comfanorte, lejos de resolver los problemas arraigados, ha exacerbado la situación, sembrando dudas sobre la transparencia, la gestión y el respeto a los derechos laborales. Es hora de que las autoridades actúen con determinación para corregir estos errores y restaurar la confianza en las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los trabajadores y sus familias.

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