La compra de votos, un fenómeno arraigado en la política colombiana, resurge cada vez que hay elecciones por la acción de grupos que mueven montañas de dinero para sobornar a los electores a cambio de su apoyo en las urnas, pese a ser un delito que se castiga hasta con nueve años de prisión.
Detrás de esta práctica hay toda una estructura logística que les permite a las organizaciones políticas saber de antemano la información de los votantes y los puestos donde sufragan, así como movilizar ingentes cantidades de dinero en efectivo para pagar a los electores.
Los altos índices de pobreza, la baja cultura ciudadana y un sofisticado andamiaje político-electoral aparecen como las principales causas de la compraventa de votos en el país que el próximo domingo celebrará elecciones legislativas.
Esta práctica es bastante común en la región del Caribe, en donde está el 31 % de quienes viven en pobreza extrema en Colombia, a pesar de que solo representa al 22 % de la población.
El poder de estas organizaciones es tal que el departamento del Atlántico, cuya capital es Barranquilla, tiene solo 2,5 millones de habitantes, el 2,5 % de la población del país, pero elige al 14 % de los senadores.
El caso de la prófuga excongresista barranquillera Aida Merlano, refugiada en Venezuela y desde donde ha lanzado acusaciones de corrupción electoral contra una gran cantidad de políticos colombianos que habrían sido sus cómplices en la compra de votos, es el más emblemático de esta práctica.
Fuente : https://www.publimetro.co/
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