La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) señaló que el gobierno está incurriendo en una restricción a la libertad de prensa arbitraria, tras la expedición del Decreto 1702 de 2023, que demarca las restricciones durante las elecciones.
Frente al tema, la Flip asegura que se está limitando el derecho a informar y ser informado durante los comicios del 29 de octubre.
Así lo denunció la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que, de manera particular, cuestionó tres artículos de la norma. El primero de ellos tiene que ver con la prohibición que se establece de toda clase de entrevistas con fines político-electorales el día de elecciones. “Esto es una restricción arbitraria, pues las declaraciones de candidatos son un asunto de interés público y es común que los medios busquen ese tipo de entrevistas”, argumentó la Fundación. “El artículo 7 determina que el uso de celular y cámaras en los puestos de votación está prohibido “durante las 8 am y las 4 pm”. No resulta acorde a la libertad de expresión una medida que limite a la ciudadanía ejercer su derecho a hacer veeduría del proceso electoral. La FLIP hace un llamado al Ministerio para que modifique el decreto y lo enmiende teniendo en cuenta los parámetros constitucionales, que garanticen los derechos a la libertad de expresión y de prensa”, sentencia la fundación.
Y, finalmente, dicen que el artículo 13 le ordena a los medios de comunicación transmitir la información de orden público solo cuando sea confirmada por fuentes oficiales, lo cual, en criterio de la FLIP, “afecta al ejercicio periodístico, puesto que no puede haber fuentes de información vedadas o prohibidas”. En este sentido, también se destaca otro artículo que restringe el uso de dispositivos móviles durante el horario de votación. A modo de protesta, se le solicitó a la cartera de Interior la modificación del artículo para garantizar así los derechos constitucionales y la libertad de expresión en el país, resaltando las medidas tomadas respecto a la prensa.
Por tanto, piden al Ministerio que modifique el decreto a cinco días de las elecciones y lo enmiende teniendo en cuenta los parámetros constitucionales que garanticen los derechos a la libertad de expresión y de prensa. De igual forma, elevaron un llamado a la Registraduría, a la Policía y al Consejo Nacional Electoral para que garanticen el ejercicio libre del periodismo sin temor a represalias. Y es que la Fundación tiene registro de que, en lo corrido del año, han ocurrido 69 agresiones a periodistas por parte de grupos armados y 40 casos relacionados con el cubrimiento electoral.
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