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La Superintendencia de Subsidio Familiar interviene en Comfanorte mientras trabajadores denuncian despidos por intento de sindicalización

La Superintendencia de Subsidio Familiar avanza en la intervención de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte) tras presuntas irregularidades detectadas en la administración pasada, especialmente en el proyecto Torres del Norte.

Sin embargo, un grupo de trabajadores ha denunciado que fueron despedidos por la nueva administración luego de intentar conformar un nuevo sindicato. Este hecho ha generado preocupación y críticas hacia la gestión de la intervención.

Con la designación del nuevo director de Comfanorte por parte de la Superintendencia, Germán Antonio Bautista Carvaja, se espera que se esclarezcan las presuntas irregularidades en la administración pasada y se identifiquen a los responsables del detrimento patrimonial en el proyecto Torres del Norte. Sin embargo, algunos cuestionan los despidos masivos, argumentando que no están relacionados con el foco de la corrupción y podrían violar los derechos laborales de los trabajadores.

Es importante recordar que el derecho a la libertad de asociación está protegido por la Constitución colombiana en su artículo 39, así como por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones sindicales sin ninguna distinción ni autorización previa.

La función del interventor no debería centrarse en perseguir a los trabajadores, sino en identificar y sancionar a los responsables de la corrupción, asegurando el avance de la institucionalidad y mejorando los servicios a los usuarios.

En cuanto a los despidos, es importante considerar que indemnizar a los trabajadores afectados genera un desgaste económico para la entidad. Entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, Comfanorte despidió a cinco trabajadores, por los cuales tuvo que pagar compensaciones que ascendieron a alrededor de $358 millones.

Este caso subraya la necesidad de abordar las presuntas irregularidades administrativas con transparencia y respeto por los derechos laborales, garantizando una gestión responsable y justa en beneficio de todos los involucrados.

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