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Medellín ha recibido 3.430 desplazados del país este año

Salieron huyendo de la violencia en Chocó, el Bajo Cauca, el Urabá y el Norte de Antioquia. La Personería hizo llamado urgente para que problema no se desborde.

Medellín es una de las principales ciudades receptoras de población desplazada por la violencia de Antioquia y Chocó. FOTO EL COLOMBIANO

En una evacuación de emergencia, la familia de la líder social Ludis García Jaramillo, que fue asesinada en inmediaciones del corregimiento La Granja de Ituango, tuvo que subirse a un helicóptero del Ejército para abandonar ese municipio y proteger su vida. Tras recibir amenazas del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), una mujer y cuatro menores de edad se convirtieron en parte de los cientos de desplazados que han tenido que dejar atrás su vida por cuenta del recrudecimiento de la violencia en varias subregiones del departamento y zonas del país.

Los focos de conflicto se sienten con fuerza en Medellín. De acuerdo con las cifras de la Personería, entre enero y junio de este año la capital antioqueña ha recibido a 3.430 víctimas de desplazamiento forzoso, entre ellas, a 172 personas expulsadas de Ituango, siendo el municipio que más víctimas aporta por ese flagelo en el departamento.

Luis Alejandro Monsalve, coordinador de la Unidad Permanente Derechos Humanos de ese ente del Ministerio Público, señala que los municipios de proveniencia de gran parte de los desplazados corresponde a departamentos como Chocó y subregiones como Urabá, Norte, Nordeste y Bajo Cauca.

“La principal problemática que se ve para los desplazamientos forzados hacia la ciudad de Medellín son las extorsiones, los homicidios, el abandono y despojo de tierras, la desaparición forzada, entre otros”, explicó Monsalve.

¿De qué partes vienen?

Pese a que con base en los estimados de la Personería el número de víctimas ha reportado una leve disminución en comparación con el mismo periodo del año anterior (durante el primer semestre de 2022 el número de desplazados que llegaron a Medellín fue de 3.726, alcanzando en diciembre un total de 8.629), el ente advirtió que la ciudad sigue viéndose desbordada para atender esa oleada de casos.

Al igual que en 2022, el municipio que más desplazados aporta continúa siendo Quibdó, que en lo corrido de este año ha registrado 510 personas que han arribado a Medellín en busca de refugio.

Este municipio atraviesa desde hace varios años una compleja situación de orden público, por cuenta de una confrontación en la que se han enfrascado grupos como el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y Los Locos Yann (USA).

Aprovechando los altos índices de pobreza y desempleo (el desempleo estaba en una tasa de 26,2 en Quibdó con corte junio pasado y la incidencia de la pobreza monetaria en Chocó se ubicó en 63,4% en 2021), dichas estructuras armadas han logrado cooptar a la población más joven para fortalecer su pie de fuerza y desarrollar sus operaciones ilegales.

En el caso de Antioquia, además de Ituango, otros municipios que sobresalen por su alto número de víctimas son los ubicados en la subregión del Urabá Antioqueño, como es el caso de Turbo, con 135 víctimas; Apartadó, con 198; y Chigorodó, con 96 casos.

Asimismo, por el lado de la subregión del Bajo Cauca, sobresalen los casos de Caucasia, con 120 víctimas; y Tarazá, con 72 personas afectadas.

Carlos Alberto Arcila Valencia, defensor de Derechos Humanos de la corporación Justicia al Derecho, advierte por su parte que tanto en Chocó, como Urabá y el Bajo Cauca, los desplazamientos están asociados al escalamiento en las confrontaciones de grupos como las AGC, el Eln, las disidencias de las Farc, entre otras organizaciones, que intimidan a las familias con homicidios, amenazas y reclutamiento forzado.

“Es muy grave esta situación y es necesario fortalecer el plan de atención inmediata, de que sí se tenga el presupuesto, las oportunidades y el apoyo. Necesitamos la intervención urgente del Gobierno Nacional, departamental y distrital para hacer un plan de acción”, planteó Arcila Valencia.

Por: Jacobo Betancur Peláez

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