Entre septiembre y octubre de 2020, la Alcaldía de Pamplona fue una de las entidades que sufrió uno de los ataques cibernéticos de una presunta banda delincuencial conocida como ‘Los Troyanos’.
En el hecho, la presunta organización le robó a la administración municipal de la Ciudad Mitrada $449.600.000, los cuales fueron distribuidos en 32 transferencias electrónicas.
Según se pudo conocer extraoficialmente, los ‘ciberdelincuentes’ lograron acceder a cuatro cuentas de la entidad e hicieron los movimientos de dinero, creyendo que lo podían hacer sin despertar alguna sospecha, pero con lo que no contaba la banda es que las transacciones activarían las alertas en los bancos y de inmediato se activó un bloqueo, logrando recuperar $213.316.000.
Las autoridades conocieron que el hurto del dinero se dio el 10 de septiembre de 2020 y el 16 de octubre del mismo año.
La denuncia
Ante esta situación, una funcionaria de la Alcaldía se encargó de ir a la Fiscalía y poner la denuncia, por lo que de inmediato se inició la investigación.
Unidades de delitos informáticos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumieron las indagaciones y comenzaron a rastrear desde dónde se había hecho este ‘golpe’ delincuencial, encontrando que todo se orquestó en Valledupar (Cesar), pero había personas vinculadas en Cartagena y Medellín.
Además, los ‘sabuesos’ del CTI también encontraron que el robo no era el único que esta presunta banda había dado, también se encargaron de hurtar en otras entidades del país.
Una vez pudieron rastrear las transferencias, los investigadores les solicitaron a las entidades bancarias otra información, además, lograron obtener algunos número de celular para llevar a cabo unas interceptaciones.
Cuando ya tuvieron buen material probatorio, las autoridades se dieron en la tarea de identificar uno a uno a los presuntos integrantes de la banda, siendo así como ubicaron los sitios donde vivían o se movían sin despertar alguna sospecha.
El operativo
Con todo el material probatorio, la Fiscalía solicitó las órdenes de captura y el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Bochalema las avaló, las cuales llevaron a cabo en Valledupar, Cartagena y Medellín.
El pasado 28 de octubre, unidades del CTI llegaron a la capital del Cesar y detuvieron a Giovanni Aroca Araujo, de 41 años.
Las autoridades conocieron que este hombre ocupó cargos públicos como procurador regional, magistrado del Consejo Nacional Electoral delegado en Valledupar; delegado de la oficina de Restitución de Tierras, en el Cesar, y actualmente sería contratista del SENA.
Los funcionarios judiciales le habrían decomisado varias tarjetas de crédito y débitos de diferentes entidades bancarias, una agenda, un computador portátil, una USB y un celular.
En otros allanamientos que también se dieron en Valledupar fueron capturados: Navila del Mar Amaya Villareal, de 27 años, a quien le encontraron varios documentos de transacciones bancarias; Yaritza Beatriz Martínez Aroca, de 22; Eney González Duarte, de 36; y Jorge Luis Mazo Palmera, de 47.
En Medellín fueron detenidas Valentina Rúa Ocampo, de 23 años, a quien le hallaron dos tarjetas débito de dos entidades financieras; Carolina Castrillón Berrio, de 29, le incautaron dos tarjetas y un computador; y Xiomara Marcela Escobar, de 42, le decomisaron dos discos duros de computador, una memoria pequeña, dos tarjetas y documentos bancarios.
Fuente: La Opinión