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Nayib Bukele anunció cerco con 7.000 militares y 1.000 policías para detener salida de pandilleros

El mandatario centroamericano lanzó en marzo de 2022 su guerra contra la delincuencia, al amparo de un régimen de excepción aprobado por el Congreso pero cuestionado por organizaciones de derechos humanos


Un militar comprueba la identidad de dos jóvenes en plena calle en el barrio de La Campanera en Soyapango, El Salvador, el domingo 5 de marzo de 2023 (AP Foto/Salvador Melendez)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes un cerco militar y policial en el departamento central de Cabañas, en una nueva ofensiva de su “guerra” contra las pandillas, iniciada en marzo de 2022.

“Desde esta madrugada, 7.000 soldados y 1.000 policías han establecido un cerco de seguridad alrededor de todo el departamento de Cabañas. Su labor será evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas”, escribió el mandatario en la red Twitter, ahora llamada X, al anunciar la operación.

Si bien Bukele ha impuesto desde el año pasado cercos militares en ciudades y municipios como parte de su estrategia para desarticular a las temidas pandillas que controlaban gran parte del territorio nacional, esta es la primera vez que lo hace en un departamento completo.

En las últimas semanas “producto de nuestra guerra contra pandillas, Cabañas se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse”, afirmó el mandatario.

Indicó que el cerco “se mantendrá mientras los operativos puedan extraer a todos los pandilleros”.

Cabañas tiene 150.000 habitantes y es uno de los departamentos más pequeños de El Salvador, de apenas 1.100 kilómetros cuadrados. Se trata de una región agrícola, con cultivos de café y caña de azúcar y pequeños ganaderos. Su cabecera, la ciudad de Sensuntepeque, está a unos 70 km al oeste de San Salvador.

En respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, el mandatario salvadoreño lanzó en marzo de 2022 su guerra contra las pandillas, al amparo de un régimen de excepción aprobado por el Congreso pero cuestionado por organizaciones de derechos humanos.


Imagen de archivo. Policías se preparan para un patrullaje tras conmemorarse un año del estado de excepción, en Soyapango, El Salvador. 24 de marzo de 2023. REUTERS/Jose Cabezas

La cifra de detenidos bajo el régimen de excepción supera los 71.770

La cifra de personas detenidas en El Salvador en el contexto del régimen de excepción asciende a más 71.770, según informó el pasado 24 de julio el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro.

“Tenemos a la fecha, y luego de un año de implementación, 71.776 capturas”, comentó el funcionario durante una entrevista matutina en un canal local.

Villatoro señaló que las autoridades de Seguridad salvadoreñas “tienen comunicación” con las de México, Belice, Guatemala e “incluso con las Estados Unidos” para que se capturen a miembros de dichas estructuras que “han huido a esos países”.

Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días.

De acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas recientemente, la cifra de “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción llegó al menos a 5.490.

Las cifras compartidas por las organizaciones sociales indican que son unos 13.581 “hechos violatorios”, de los que el más denunciado es la detención arbitraria en el 95,32%, entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio pasado.

El pasado 14 de julio, el Estado de El Salvador negó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las acusaciones de las organizaciones humanitarias sobre atropellos, acoso a la prensa y torturas.

La organización que vela por los derechos humanos había llamado al gobierno de Bukele el pasado mes de abril a “restablecer” los derechos suspendidos desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción “instalado en el país por motivos de seguridad ciudadana”.

“La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, indicó el organismo en un comunicado.

(Con información de AFP)

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