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Presuntas Irregularidades en Contratación de Camionetas de Seguridad en la UNP

En medio de una creciente preocupación por la seguridad pública y la integridad de funcionarios clave, una revelación ha puesto en entredicho la transparencia en los procesos de contratación del país. Nueve camionetas, valoradas en un total de $3.947.661.000, permanecen sin uso específico, planteando serias interrogantes sobre la gestión de recursos y la idoneidad de los contratos públicos.

La historia se remonta al 16 de agosto de 2023, cuando la UNP adjudicó un contrato millonario para la compra de 54 camionetas. Sin embargo, surge una presunta irregularidad: al menos 9 de estos vehículos carecerían de póliza de seguro todo riesgo, dejándolos parqueados en las instalaciones de la entidad desde principios de año sin una destinación clara. La ausencia de estas pólizas, valoradas en $3.947.661.000, plantea dudas sobre la responsabilidad en la gestión de contratos y la seguridad de los activos estatales.

La empresa responsable de la adjudicación, "Unión Temporal Blindados UNP 2023-Toyonorte-Armor", se encuentra bajo escrutinio debido a su implicación en investigaciones previas de la Fiscalía y la Procuraduría. Se alega que la compañía, junto con otras entidades, habría participado en prácticas corruptas relacionadas con la manipulación de licitaciones y precios.

Este descubrimiento se produce en un momento crítico para la seguridad nacional, con el aumento preocupante del sicariato y las amenazas contra funcionarios y líderes sociales. La falta de medidas de protección adecuadas para estos individuos subraya la urgente necesidad de abordar las posibles irregularidades en la contratación y garantizar la integridad de los procesos gubernamentales.

En un país donde la transparencia y la legalidad son fundamentales para la confianza en las instituciones, estas revelaciones plantean desafíos significativos que requieren una pronta y exhaustiva investigación. El futuro de la seguridad pública y la confianza ciudadana depende de la rendición de cuentas y la rectificación de cualquier conducta indebida en la gestión de recursos estatales.

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