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Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años para ocupar cargos públicos al Superintendente de Subsidio Familiar

Fue hallado responsable disciplinariamente por exigir dinero a las cajas vigiladas

Luis Guillermo Pérez Casas, superintendente de Subsidio Familiar. Foto cortesia

  • Al realizar esa petición de dinero ejerció las potestades de su cargo para una finalidad distinta a las establecidas en la ley, además que esa petición resulta inaceptable pues se hizo sobre entidades respecto de las cuales tiene a su cargo la inspección, vigilancia y control

  • También el funcionario modificó sin justificación alguna la lista de elegibles a cargos de directores y agentes interventores e incluyó a personas que no participaron en la convocatoria.

  • El funcionario seguirá suspendido del cargo  El fallo de primera instancia puede ser apelado por el sancionado.

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general de 12 años al Superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, por solicitar a las cajas vigiladas un aporte en dinero para la población de Buenaventura, Valle del Cauca.

El órgano de control también lo halló responsable, por las modificaciones realizadas a la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación.

En fallo de primera instancia, el Ministerio Público estableció que Pérez  solicitó  dinero a cajas  de compensación vigiladas e indicó que al realizar esa petición de dinero ejerció las potestades de su cargo para una finalidad distinta a las establecidas en la ley, además que esa petición resulta inaceptable pues se hizo sobre entidades respecto de las cuales tiene a su cargo la inspección, vigilancia y control, “apartándose así de los fines misionales de la Superintendencia de Subsidio Familiar, y por esa vía, de los mandatos a él exigibles”. 

Pérez Casas modificó, sin justificación constitucional, legal o reglamentaria, la lista de elegibles mediante la variación de los requisitos inicialmente exigidos, con lo que fueron incluidas personas que no participaron en la convocatoria realizada en mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos para integrarla.  

Para el Ministerio Público, el superintendente desconoció los principios de igualdad, legalidad y moralidad, pues disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria original, con la finalidad de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles, que era definitiva, obligatoria e inmodificable, “con lo que cercenó los derechos de quienes hacían parte de la lista de elegibles”.

Por esos hechos, la Procuraduría lo sancionó por dos cargos disciplinarios, calificados como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.​​

/mpg. (@PGN_COL).

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