La decisión del Consejo de Estado de revocar la personería jurídica al partido político Fuerza Ciudadana, liderado por el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, tendrá un impacto significativo en varias agrupaciones políticas en Colombia, especialmente aquellas vinculadas al Pacto Histórico.
El Consejo Nacional Electoral había otorgado la personería jurídica a Fuerza Ciudadana, argumentando su participación en la coalición del Pacto Histórico, que logró una notable representación en el Congreso en las elecciones parlamentarias, superando el 3% de los votos válidos. Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que las coaliciones políticas deben formarse exclusivamente entre movimientos o partidos con personería jurídica, lo que invalida la estrategia de convertirse en partido político a pesar de obtener amplios respaldos electorales.
La decisión judicial se basó en la violación del Artículo 108 de la Constitución, debido al desconocimiento del requisito establecido para obtener la personería jurídica, así como en la incorrecta aplicación de excepciones jurisprudenciales. Se argumentó además una aplicación errónea del principio de igualdad, ya que el CNE comparó situaciones no equiparables con la de Fuerza Ciudadana, lo que evidencia una motivación falaz en el acto administrativo.
Este fallo tiene implicaciones que podrían extenderse a otras colectividades políticas que obtuvieron su personería jurídica con el mismo argumento utilizado por Fuerza Ciudadana. Entre ellas se encuentran liderada por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero; Todos Somos Colombia, encabezada por la senadora Clara López; y la casa política en Marcha, de Juan Fernando Cristo, Lucho Garzón, Guido Echeverry, entre otros.
Además, hay incertidumbre sobre el futuro del Partido Soy porque Somos, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. Ante esta situación, todas las agrupaciones políticas potencialmente afectadas están preparando estrategias legales para evitar la revocación de su personería jurídica, la cual les asegura recursos económicos y la participación en futuras elecciones parlamentarias y presidenciales en 2026.
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