La Fiscalía le imputó cargos a un oficial, un suboficial y tres civiles señalados de hacer parte de una red que vendía armas y municiones a grupos ilegales.
El ente acusador señaló que venía investigando una red que traficaba esos elementos para el Eln especialmente para los frentes que hacen presencia en Bolívar.
Por los hechos son procesados el coronel del Ejército Óscar Alexander Amado Pinzón, un reconocido oficial que lideró el entrenamiento de unidades del Ejército; el sargento Pablo Alieser Caro Soler, quien es el ayudante del Comando del Batallón Especial Energético San Carlos (Antioquia) y los particulares Manfred Mereda Rivas, Albenio Lozano Pretelt y Neiky Torres Perea.
La investigación, dijo la Fiscalía, se inició tras un atentado registrado el 27 de enero de 2018 contra una estación de Policía de Barranquilla en el cual murieron seis uniformados. Este ataque fue atribuido al Eln.
Las pistas de ese proceso llevaron luego a la incautación, en noviembre de 2020, de 14 mil cartuchos de fusil en Melgar (Tolima).
Esa incautación permitió identificar a las personas que estuvieron en el lugar en el que se adelantó la negociación de la munición y, con información de inteligencia militar, se logró establecer que el coronel Amado Pinto y el sargento Caro soles estuvieron en el sitio.
Además, se estableció que parte del lote incautado había salido de la base militar de Tolemaida. Y en agosto de 2020 se detectó que se entregaron 30 mil cartuchos a la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico del Ejército que era comandada por el coronel Amado.
Parte de la munición, insistió la Fiscalía, fue incautada en los allanamientos de las autoridades contra redes que suministraban esos elementos al mejor postor.
A los capturados el ente acusador les imputó el delito de concierto para delinquir y tráfico de armas.
El ente investigador tiene en su poder interceptaciones telefónicas en las que algunos de los capturados hablan de los precios de las municiones y de mover esos elementos en caletas.
La Fiscalía señaló que los uniformados sabían lo que estaban haciendo y que estaban incurriendo en delitos.
Albenio Lozano Pretel, llegó a un preacuerdo y aceptó los cargos imputados y los demás procesados se declararon inocentes. La Fiscalía pidió que los procesados sean privados de su libertad entre tanto avanza el juicio su contra.
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